A vueltas con el fraude fiscal en España

En este país el fraude fiscal es algo que está a la orden del día. Aquí sólo pagan impuestos quienes se ven obligados. Y da “prestigio” que alguien sea capaz de engañar al Fisco, se ve bien. Así, nos encontramos que quien está soportando gran parte de los impuestos directos son los trabajadores, que reciben su salario con los impuestos estimados ya descontados.

Y mientras a los asalariados ya les vienen descontados sus impuestos, las empresas tienen en su poder armas de ingeniería financiera o de pillería fraudulenta para evitar parte de los suyos. 

Es grave e incomprensible que  la media de lo que paga un trabajador sea un 50% más que lo que paga un empresario.

Por lo tanto toda medida que intente aumentar los impuestos de forma indiscriminada (es el caso de los impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA) es injusta puesto que perjudica a las rentas más bajas; y qué decir de las medidas que se han tomado o se están tomando en Europa (España incluida), donde directamente se penaliza a sectores de renta menor como los jubilados o los trabajadores públicos, mientras que no se toca a los empresarios o los grandes capitales.

Así es que, si se quiere obtener más dinero para las arcas públicas, habría que empezar por aquellos que más tienen, y no –como suele ocurrir— con lo que es más fácil y perjudica a los más débiles. Porque lo grave es que no hay voluntad de corregir este desequilibrio. Según Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA), se sigue dedicando la mayoría del esfuerzo de los inspectores en perseguir el posible fraude de los trabajadores, autónomos y microempresas, en vez de controlar a las grandes empresas, donde se da las mayores bolsas de fraude.

Según el sindicato GESTHA, de los 60.000 millones de euros que suponen la evasión fiscal estimada en España, casi 43.000 millones corresponde a las grandes fortunas y grandes empresas. A todo esto habría que sumar que la economía sumergida en nuestro país es de un 23% aproximadamente, lo que equivale a unos 240.000 millones de euros.

Por lo tanto, cualquier medida de presión fiscal habría de comenzar por cambiar la política del Ministerio de Hacienda y controlar el fraude donde más se produce, o sea en las grandes empresas y las grandes fortunas, en vez de en los asalariados o las pequeñas empresas.

¿Qué mejor inversión que, como vienen diciendo desde GESTHA, crear nuevos puestos de inspectores de Hacienda que se encarguen del fraude fiscal y la economía sumergida? Si este país consiguiera ponerse a la altura de los países europeos importantes en el fraude fiscal, podríamos estar hablando de que España sería una de las más importantes economías europeas. Por ejemplo en Alemania el fraude fiscal oscila entre el 5 y 6%, bastaría que en España bajara la economía sumergida del 23% a la mitad para obtener 120.000 millones de euros, lo que haría innecesario y despreciable tomar medidas que están ahorrando unos pocos miles de millones y que están empobreciendo a los más pobres.

Hoy la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ensanchado de forma considerable, y sin embargo, se siguen imponiendo medidas que la agrandan. La solución está en atajar el fraude y no en matar pájaros a cañonazos. Si hay pocos inspectores de trabajo, ¿por qué se da prioridad a que controles las rentas del trabajo y no de las grandes empresas? ¿por qué utilizar los pocos recursos en obtener pequeños fraudes cuando se sabe que existen otros mucho mayores?

Ahí estamos, que no nos vengan con gaitas, el objetivo de las medidas no es obtener mayores ingresos y reducir los gastos. El objetivo es ir regalando las prestaciones del Estado del Bienestar a particulares e ir haciendo de los trabajadores, unos esclavos del siglo XXI. Y además, nos dicen que es el único camino y que no hay más remedio.

Permítanme la grosería, pero es que es para mear y no echar gota.

Salud y República