¿Por qué no se imputa a Urdangarín?

Pues esa es una pregunta pertinente que parece que no tiene respuesta. Todos los medios hablan de que hay implicaciones y presuntos delitos del "Duque de Palma”, y casi todos están de acuerdo en que le imputarán, pero, ¿a qué espera el juez? Cómo es posible que con todo lo que se sabe, el juez no tenga en su poder los indicios y pruebas para imputarle?

Resulta que lleva ya seis meses imputado su socio, Diego Torres, que era gerente del Instituto Nóos, cuando se cometieron los presuntos delitos y siendo presidente Urdangarín. Luego siguen imputando a otras personas, ayer a tres altos cargos de la Comunidad Valenciana. Pero ahí sigue Urdangarín, todos le creen la cabeza de la trama delictiva y no se le imputa. De verdad, ¿tenemos que seguir creyendo que todos somos iguales ante la ley?

Por cierto, la Infanta Cristina era copropietaria, al 50% con su marido, de las empresas donde se desviaba el dinero del Instituto Nóos y nadie dice nada. Los presuntos delitos cometidos son también responsabilidad de la Infanta, y no vale aquello de que ella no sabía nada. La Justicia y Hacienda saben que los propietarios son corresponsables de las faltas cometidas por sus empresas. A ver si es que la “pobre infanta” no se daba cuenta del enriquecimiento que tuvieron en cuatro años. Los bienes inmuebles y las cuentas corrientes aumentaron de forma escandalosa, mientras que ella, como mínimo, miraba a otra parte.

Por cierto, Pilar Urbano, periodista monárquica, ha declarado que el rey lo sabía desde hace tres años. ¿No tenía que haber tomado acción?, y ahora, ¿por qué no sale a la palestra y hace declaraciones sobre el caso? ¿No está penado, ocultar delitos a la Justicia?

Ya está bien de la impunidad y opacidad de esta Casa Real de la que no sabemos nada de sus finanzas. Hay que recordar que la única partida del presupuesto, que no es controlada, de ninguna manera, por el Parlamento, es la de la Casa Real. Y así ocurre lo que ocurre. Tenemos derecho a saber en qué gasta nuestro dinero el rey. No es de recibo mantener este secreto, único caso entre las monarquías democráticas. Porque así nos luce el pelo.

Si a que la Monarquía fue designada por el dictador, se suma el hecho de que sus cuentas son secretas, podemos mantener que esta institución es una anomalía democrática. No ha sido aprobada por los ciudadanos –no me vale que entrara en el paquete de la Constitución, en unos momentos como aquellos—, y además no se ejerce ningún control sobre ella. Añado a lo anterior la inmunidad que la Constitución confiere a la figura del Rey, que contradice lo de que todos los españoles son iguales ante la ley.

Urdangarín está siendo el mayor promotor de la República que se podía esperar. El ex-deportista está haciéndole un flaco favor a su suegro, al que ha metido en un charco del que no sabe salir.

Por otro lado, antes de salir a la luz estas fechorías, en el barómetro de octubre del CIS, la monarquía era suspendida por los españoles. ¿No va siendo hora de que se plantee una alternativa a esta forma de Estado? Es necesario que la Monarquía pase la criba de un referéndum para tener credibilidad y convertirse en una institución democrática. Pero, claro, tienen miedo. Y no me extraña.

Salud y República