Atentado contra las mujeres y la ley del aborto

El partido popular que apoya el gobierno del Estado está actuando desde hace tiempo contra el Estado del Bienestar en muchas de las CC.AA. en las que gobierna. Los ejemplos en lugares como Madrid, aunque no sólo aquí, son palmarios. Pero está claro que su pretensión va más allá: “Se trata de cargarse los servicios públicos con intencionalidad política y dando prioridad a los que rechaza su ideología.

El hecho de privatizar los servicios públicos es una forma de premiar a sus amigos, a los de su casta, a los poderosos que ven como se hacen millonarios con negocios que antes eran públicos mientras muchos no podrán acceder a ellos por no disponer de medios para pagarlos. Sin hablar de la calidad, que sin duda bajará al primar el beneficio, en las empresas, sobre la prestación del servicio.

Pero si además de lo anterior se elige eliminar o minimizar, de forma prioritaria, servicios que se consideran contrarios a su pensamiento, la cuestión no es sólo económica sino ideológica.

Varias decisiones adoptadas por gobiernos del PP hacen que llegue a esta conclusión. La primera cuestión que intentan atacar es la liberación de la mujer. Así se puede entender que en Castilla-La Mancha a las casas de acogidas de mujeres maltratadas se las quisiera eliminar aunque, ante la reacción que provocó, se han mantenido pero con servicios privados contratados.

También se puede entender en este contexto, por mucha rectificación que hayan querido hacer, que la ministra Mato hablara de “violencia en el entorno familiar” en vez de violencia machista.

Lo último, quizá lo más grave hasta ahora, es lo que el gobierno balear ha decidido. Se trata de que se han de pagar los abortos a las clínicas privadas en el momento de solicitar esta intervención y luego pedir el reembolso a la administración.

Lo de Baleares es un caballo de Troya para que luego se aplique en todo el Estado. En primer lugar renovar una tarjeta sanitaria ya cuesta diez euros, luego se ha de proceder, según el gobierno balear de la siguiente forma:

Si una mujer ha de ejercer su derecho al aborto, debe acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas y contratar y abonar el coste de la intervención y estancia, y presentar posteriormente la factura al cobro en los servicios autonómicos. Las mujeres que interrumpan su embarazo serán retribuidas posteriormente, según el calendario de pagos de la Administración.

Además el límite que marcan para el reembolso –que quién sabe cuando será, vistas las listas de espera de acreedores que tiene esta comunidad— es, dependiendo del tipo de aborto, de 450 a 540 euros, cuando una intervención de interrupción del embarazo, según los expertos cuesta entre 500 y 1500 euros y éste será el precio que se cobre a la usuaria del servicio. O sea pagas por adelantado, más de lo que te van a devolver, y luego lo cobrarás cuando quieran.

Se riza el rizo. ¿Desde cuando un servicio público hay que pagarlo? ¿Para qué están los impuestos? ¿Y pagarlo antes de recibirlo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién garantiza que se le pagará esa cantidad insuficiente y cuándo, si ahora mismo hay retrasos indefinidos para que cobren sus servicios las clínicas privadas?

Un ataque total a la liberación de la mujer. Un ataque no sólo económico sino ideológico. Se trata de desmontar las leyes que existen --igualdad, de interrupción del embarazo--, sin tener que derogar las leyes, simplemente por obstaculizarlas de tal forma que su aplicación se minimice al máximo. Se trata de volver a que aborten quienes puedan pagarlo, independientemente de la necesidad o la voluntad de la mujer implicada.

Y la cuestión no se quedará en Baleares, verán como se extiende a todo el Estado.

La sección femenina ha entrado, de nuevo, en palacio. ¡Qué horror! O nos defendemos, o esta gente rancia resucita a Pilar Primo de Rivera.

Salud y República