Spanair: crónica de una muerte anunciada

Spanair decidió suspender vuelos hace un par de días, sin avisar. Cuando algo así ocurre el caos que se genera es máximo. En principio, se estima que este portazo de la compañía aérea ha afectado a más de 83.000 pasajeros e implica una situación desesperada para cuatro mil trabajadores, dos mil doscientos de Spanair y unos 1800 de otras empresas que trabajan para esta compañía.

La situación de Spanair viene siendo delicada desde hace años. Se agravó con el accidente de Agosto de 2008 en Barajas, donde murieron 154 pasajeros, que provocó y sigue provocando todavía indemnizaciones y gastos millonarios. Luego, el alza del carburante, la crisis económica y la competencia de las compañías low-cost (de bajo coste) fueron debilitando su situación financiera, hasta que desde la Generalitat catalana se compró y se decidió hacer de ella una compañía fundamental, para convertir el aeropuerto de Barcelona en un hub (centro de conexión internacional) importante. Lo que fracasó a pesar de haber inyectado en ella dinero público: 150 millones de euros.

La aerolínea viene en caída libre desde hace años. Así lo demuestran los últimos balances y su situación financiera. Spanair contaba con 30 aviones, 200 vuelos diarios y 11,6 millones de pasajeros en 2011. En 2010 su balance arrojó unas pérdidas de más de 115 millones de euros, menores de las que se esperaban para 2012.

Una situación muy grave que sus dueños (la Generalitat, en primer lugar, como socio mayoritario) no consiguieron enderezar. La única solución pasaba porque la comprara otra Aerolínea, y entraron en conversaciones con Qatar Airways, que terminó retirándose hace un par de meses.

Puede entenderse que no había solución, después de que Qatar Airways no entrara a comprar el 49% del capital –lo que hubiera sido una solución, pues se traducía en una aportación 150 millones de euros—, y que la opción de mantener la compañía no era viable, pero lo que no es entendible es que esta decisión de cierre fuera tan rápida, habiendo estado vendiendo y cobrando billetes horas antes de tomarla y que el comité de empresa no tuviera noticias de esta suspensión.

Cuando ocurre lo inevitable todo el mundo parece sorprenderse y no se reconoce que la coyuntura era bien conocida, no sólo por la empresa, también por la Administración autonómica (socio mayoritario) y la central (responsable del funcionamiento de este servicio público), por lo tanto, el factor sorpresa es mínimo, a pesar de que quieran que parezca alto.

Habría que preguntarse por qué la Generalitat mantenía una empresa como Spanair entre sus activos, a la que inyectó por unas u otras causas 150 millones de euros. Ciento cincuenta millones tirados que podrían haber servido para evitar recortes tan dramático como los que se han venido produciendo en esa autonomía.

Ahora resulta que, desde el Ministerio de Fomento, acusan a la empresa del cierre rápido que ha provocado tanto daño a los pasajeros. Hasta tal punto, que hablan de poner una multa a la empresa de 9 millones de euros. Incomprensible cuando el socio mayoritario es la Generalitat, a la que, por otro lado, defienden –el pacto encubierto PP y CiU funciona-- y cuando además sabe muy bien la Sra. Mato (o debería saberlo) que las multas se quedarán sin pagar, pues forman parte, dentro del concurso de acreedores, de los llamados créditos subordinados, o sea los últimos que se pagan en el hipotético caso –improbabilísimo—de que hubiera recursos.

Total, un “numerazo” para aparentar ante la opinión pública que se ha actuado contra una empresa, y en defensa de los consumidores con una actitud firme, cuando no se ha hecho nada para evitar el desaguisado.

Los problemas creados con la caída de Spanair son dos: el problema de los pasajeros, a los que han dejado con el culo al aire por esas prisas y esa improvisación, y, el más grave, el de los trabajadores que ven cómo se aproxima su despido en una situación crítica, donde las condiciones de mercado, por desgracia, hacen pronosticar que la gran mayoría de ellos ingresen en la lista de desempleados.

Una situación que debería haberse ralentizado para poder solucionar de la mejor manera posible el problema de los pasajeros y el de los trabajadores. Pero claro, eso hubiera ocurrido si a los dos gobiernos, el autonómico y el central, les preocuparan los ciudadanos, cuestión manifiestamente dudosa.

Salud y República