Artículo de la semana (21): El agua embotellada franquista

Hay quien mantiene que la escasez del agua será el desencadenante de la próxima guerra mundial. De hecho no sería la primera vez que el agua fuera determinante para algún conflicto bélico.

Pero lo que no sabe mucha gente, yo también lo desconocía, es que las empresas de agua mineral, en aras de una ley franquista vigente tienen la potestad de sustraer agua de los manantiales hasta llegar, en ocasiones a secar algunos ríos. Por ahí van los tiros, en este artículo de Diagonal y que escribe María José Esteso Poves.

Como ocurre con muchos temas, es una cuestión casi desconocida, donde, en este caso, el lobby de las aguas embotelladas ha conseguido imponerse sobre la ley de aguas.

Una ley del Franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras

El agua es un bien público, o por lo menos en teoría. En un contexto de sequía, agotamiento de los humedales y desertización avanzada, en el Estado español sigue vigente una ley franquista que entrega a las embotelladoras el acceso a los manantiales de agua para que la comercialicen con enormes márgenes de beneficios. Un modelo de negocio boyante en todo el mundo.

Este año por primera vez se ha secado el río Cambrones, en la Sierra de Guadarrama. La sequía tiene que ver, pero la captación de 50 litros por segundo de agua hecha por Bezoya (Pascual) es la principal causa, según los vecinos. Ahora, el pantano del Pontón Alto, que recoge las aguas del Cambrones y el Eresma para abastecer a Segovia y a varios municipios cercanos, está seco. El agua huele a cieno y la gente compra agua embotellada por miedo. Si la marca que adquieren es Bezoya, están consumiendo el agua que les fue sustraída por la multinacional unos kilómetros antes, recogida directamente del manantial. Pero con una diferencia, por cada metro cúbico (mil litros), pagaban a su ayuntamiento unos 30 céntimos de euro; ahora, cada litro de agua embotellada les costará cerca de 0,30 euros. Pagarán a Bezoya mil veces más por un recurso público. La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Trescasas regalaron al grupo Pascual el manantial por 30 años.

Esta multinacional repite la misma operación en otro lado de la sierra, en el municipio segoviano de Ortigosa del Monte, desde hace más de 35 años, con otra planta envasadora y un caudal máximo concedido de 750 millones de litros/año. El río Milanillos se seca cuatro meses al año. Situaciones idénticas se repiten en todo el Estado español.

Una ley franquista
La Ley de Minas 22/1973, aún vigente, permite a las Comunidades Autónomas otorgar concesiones de explotación de los manantiales a empresas privadas por razones de “utilidad pública” y sin pagar ningún canon. Esta ley se contradice con la ley de Aguas de 1985, refundida con la directiva de la UE, que regula todas las aguas excepto las minerales. La causa es un conflicto de gremios de ingenieros de caminos y los de minas. Estos últimos, en la elaboración de la Ley de Aguas de 1985, se negaron a perder sus ‘privilegios’ sobre un recurso tan preciado.

En febrero de 2007, el Gobierno trató de integrar las aguas minerales en la Ley de Aguas, competencia del Ministerio de Medio Ambiente, pero el PP y las multinacionales lo impidieron. Las empresas dijeron que “se iba a nacionalizar como en Venezuela”. Minas les da el agua hasta por 99 años.

Para el economista José Manuel Naredo esto no tiene sentido. “Hay órdenes que separan los precios del agua de la red, el agua de riego y la embotellada como si no procediera del mismo ciclo hidrológico. Eso no atiende a calidades porque el agua de riego puede ser de muy buena calidad. Además, no siempre que se dice que es de manantial es cierto, como se denunció en Inglaterra. A otros como Aguas de Barcelona no les interesa que el agua sepa bien para que la gente la compre embotellada, están compinchados con las embotelladoras y la compra de agua embotellada añade al negocio muchos ceros”. Mar Corral es ingeniera de minas e investigadora titular de aguas minerales y termales del Instituto Geológico y Minero. Estudia las aguas y una vez catalogadas establece el perímetro de protección de las mismas que impide que cualquier particular haga un pozo cerca. Son los ingenieros de minas los que dicen si un agua es mineral o no. Corral dice que “ahora que es un buen negocio siempre hay alguien que quiere machacar a estas empresas [multinacionales] que, además, crean empleo. Estas aguas siempre han estado reguladas así. Las confederaciones hidrográficas controlan el 99% del agua y quieren todo. Los problemas vienen por su mala gestión. Además, sólo se embotella un 0,03% de las aguas comunes”.

La Plataforma en Defensa de las Aguas Públicas de Segovia, que luchó durante ocho años contra Bezoya, no piensa lo mismo: “Con una explicación numérica estúpida nos querían convencer de que sacar cuatro millones de litros al día era algo inocuo. Los acuíferos se secan, Bezoya ha secado Ortigosa del Monte y ahora aquí en Trescasas tiene permiso para sacar 50 litros por segundo”, señala Pedro Espinar.

El negocio generado por ese 0,03% de agua mineral del que habla Corral supera de largo al producido por la totalidad de las aguas comunes. En el Estado español diez multinacionales del agua embotellada mueven más de mil millones de euros y cuentan con 4.500 trabajadores, según la Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebida Envasadas (ANEABE). El mercado español está dominado por Danone, Nestlé, Pascual o Damm, entre otras.

Dejación institucional
La Ley de Aguas dice que el abastecimiento de las poblaciones debe estar garantizado. Por eso los ayuntamientos deben ofrecer agua potable de buena calidad, pero en muchos casos hacen dejación de su obligación. Según Erika González, de Ecologistas en Acción, “la solución debe ser pública, dirigida a la gestión de todo el proceso de depuración y potabilización. Pero cuando esto se deja en manos privadas hay intereses. Por ejemplo, en Canarias, una misma agua potable tenía un sabor y olor diferente en cada municipio. Hay procedimientos para que el agua sea potable, sepa y huela bien”.

Para Javier Martínez, catedrático en hidrogeología de la Fundación Nueva Cultura del Agua, “el Ayuntamiento de Zaragoza es un ejemplo de gestión pública, ha mejorado la red y eso ha permitido pasar de 112 millones m3/año de consumo a casi la mitad. Pero el agua es un negocio y chalaneo político. A muchos municipios de la provincia les han vendido la conexión a una red de aguas traídas del Pirineo de supuesta alta calidad, cuando son una mezcla con las del Ebro. Municipios que disfrutaban de un agua de calidad, como Cariñena, se han conectado a esa red, mientras que antes se abastecía del manantial que hoy suministra el agua mineral Sierra del Águila”.

Mientras tanto, las embotelladoras hacen su agosto. Por ejemplo, del aforo disponible anual de Bezoya en Ortigosa del Monte, de 750.000 m3 año (750 millones de litros), en 2003 embotelló 250 millones de litros porque el envasado depende de la demanda ya que el almacenamiento del agua ocupa mucho espacio: si no se vende no pueden aumentar la captación. Pero según ANEABE las ventas aumentan cada año. En 2007 el consumo de agua envasada en España fue de 5.637 millones de litros.

Por eso el marketing se emplea a fondo. Las aguas minerales naturales se identifican con salud. Según la publicidad, existen aguas que adelgazan, que permiten a los niños crecer o que rejuvenece. Bezoya fue denunciada por publicidad engañosa al decir en un spot que su agua mineral elimina las toxinas rápidamente.

La peor parte se la lleva el medio ambiente. Además de los impactos relacionados con la fabricación, distribución y el reciclaje de las botellas de plástico, la extracción del agua mineral tiene efectos perjudiciales para las montañas, según denuncian grupos ecologistas. El proceso de captación de las aguas se realiza en altura, dependiendo de la zona, a 1.500-1.800 metros. El agua mineral es superficial y se envía por gravedad directamente a la embotelladora. No tiene que ver la luz y para eso se crea una red de tuberías porosas que decantan el agua y la mandan a una tubería general con arquetas de control directa a la embotelladora. Las empresas pinchan en los nacimientos de los ríos y para el acceso se abren pistas en la sierra. En la Sierra de Guadarrama, Bezoya realizó una pista de 14 kilómetros.

Este artículo nos abre los ojos sobre un gran problema, oculto e invisibilizado, pero de una importancia vital. Si alguien quiere completar la información, a continuación de este artículo hay otros cuatro pequeños que vale la pena leer.

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