El Partido Popular es una banda criminal

Según la Convención de Palermo del año 2000: Una organización criminal es un grupo estructurado de dos o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos tipificados.

Si analizamos esta definición podemos concluir que el Partido Popular es una organización criminal. En primer lugar porque es un grupo estructurado, con una jerarquía definida, sin duda nadie puede negar ya, que muchos de sus miembros han cometido delitos graves, claramente tipificados en el código penal, que los implicados son más de dos y que los han durante los últimos veinte años.

Por lo tanto debemos llamar a las cosas por su nombre, basta ya de eufemismos inútiles que tratan de esconder la verdad. Una organización donde se ha generado constantes delitos con tramas tan importantes como: El caso Bárcenas, la trama Gürtel, la trama Púnica, la trama Lezo, la trama del dinero negro utilizado como pago corriente y las otras tramas que han sido descubiertas, los últimos años, en Baleares, Valencia, Murcia y Madrid no deja lugar a ninguna duda. El Partido Popular es una banda criminal.

Si a todo ello añadimos que en ellas han participado además de los políticos peperos, empresarios, y que en algunos casos se han implicado, presuntamente, miembros del gobierno y del estamento judicial para beneficiarias, podemos concluir que estamos ante una organización más cercana al término mafia que a la de simple delincuencia.

Una organización (el PP) que tiene cerca de 900 imputados (entre ellos todos sus tesoreros nacionales de las últimas décadas), cuyos delitos cubren gran parte del territorio español, que ha ganado elecciones con presupuestos inflados de forma ilegal y que ha ocultado y defendido a los presuntos delincuentes hasta el límite máximo, es más que un partido político, es una banda criminal.

El caso de la operación Lezo es un claro ejemplo. Apenas empezado a investigar, ha dejado claro que, presuntamente, el capo de la mima –Ignacio González, hoy en la cárcel— se ha valido del gobierno, donde dos ministerios están directamente implicados –presuntamente--, Interior y Justicia, además del Fiscal General del Estado y del Fiscal Anticorrupción, con el fin de conocer pormenores de su caso y presionar para evitar que avanzara.

Entre todas las tramas de corrupción descubiertas –sin contar las que puedan surgir en adelante— nos han estafado cerca de 90.000 millones de euros al año (cifra avalada por la Cámara Nacional de Mercados y Competencia y varias universidades). Una cifra superior a todos los recortes que hemos sufrido en los últimos años. A cada español, la corrupción le cuesta 500 euros al año. No es ninguna broma.

Es hora de que paguen los traidores y devuelvan el dinero. Por cierto los traidores no son los que quieren hacer un referéndum en Cataluña, ni los que se manifiestan y rodean el Congreso. Tampoco lo son los que hacen huelgas para defenderse. Los traidores tienen nombre y apellidos y muchos están o estaban (cuando han cometido el delito, los echan o se van) en el Partido Popular. Eso sí, avalados por millones de españoles que, a sabiendas, votan a los corruptos y se convierten en sus acólitos, y en cómplices morales de sus delitos.

Salud y República