Sí. El asunto
de las hipotecas ha sido el detonante definitivo. Una verdadera vergüenza
perpetrada por incompetentes e influenciables juececillos, que siempre juegan a
su mejor postor. Pero, sin duda, son más, muchos más los rotundos fallos de la
justicia española.
Es verdad
que hay cientos de jueces que seguramente cumplen con su función, no siempre
fácil, pero también lo es que hay otros casos que han antecedido a la cuestión
de las hipotecas y que demuestran, junto con ese caso, que la justicia española
deja mucho que desear.
Por citar
algunos casos, el del juez Ricardo González que en su voto particular acusaba a
la víctima de La Manada y defendía inexplicablemente a los miembros de este
grupo violador. Demostrando que entre los jueces hay energúmenos capaces de
anteponer su asqueroso machismo al sentido común, sin que por ello tengan
ningún tipo de crítica dentro las instituciones judiciales.
Recordemos
la persistente insistencia en encontrar una violencia que no existió y acusar
de rebelión a los políticos y líderes sociales de Cataluña. Empeñados, desde el
fiscal a los jueces del supremo tratan de imponer criterios falsos a hechos
conocidos.
Y qué decir
del repaso que desde Europa le están dando a nuestro ‘querida’ cúpula judicial.
Tanto desde Alemania, como desde Bruselas o Zurich, los jueces encargados de
las causas del procès están refutando las acusaciones de rebelión con la que se
trata de conseguir extraditar a los encausados.
Lo último
es el caso de Arnaldo Otegui, al que desde el Tribunal de Estrasburgo le han
dado la razón y han sentenciado que su juicio es nulo por injusto, algo que
haría ruborizarse al más ‘pintao’, y que sin embargo no es sino otro signo de
cómo funciona la justicia en nuestro país.
En fin,
dislate tras dislate, error tras error, abusos judiciales, arbitrios
partidistas hacen que nuestra Justicia haya perdido toda la autoridad moral y
la confianza necesaria, y que se muestre como un poder caprichoso que se vence
del lado del poderoso.
La justicia
está politizada. Y el resultado lo estamos viendo. En un momento de mayoría
absoluta, el PP (antes lo hizo el PSOE) ha copado la mayoría de los puestos del
Consejo Superior del Poder Judicial que es quién se encarga en dirigir la
justicia en España y nombrar a los miembros del Tribunal Supremo. De otro lado,
el fiscal general nombrado por el gobierno hace que las decisiones que toma
estén sesgadas por su signo ideológico.
Si la
Justicia quiere volver a obtener esa confianza, que los ciudadanos no la dispensan,
deben empezar con la dimisión de Lesmes y Díez Picazo. Autores, aunque no
únicos, del desbarajuste injusto que han propiciado en el caso de la hipotecas.
Sin
embargo, no es suficiente. Hay que reflexionar y reconocer que el gran problema
es el nombramiento, apadrinado por los grandes partidos, del CGPJ y de la
Fiscalía del Estado, que dirigen la Judicatura de forma tendenciosa y
politizada. Por lo que convendría que la elección de los jueces se celebrara
sin intervención del ejecutivo y del legislativo. Mientras tanto, no existirá
la independencia judicial, puesto que los nombrados se sentirán en deuda con
los partidos que les han nominado.
Salud y
República
P.D. Por cierto, mañana a las 18.00 horas, en Madrid, concentración ante el Tribunal Supremo
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