Inaudito.
Hoy hace un año de esa decisión grave, improcedente y lamentable. Dos
activistas como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron condenados a prisión
preventiva por la jueza Lamela, que luego confirmo el ínclito Llanera por
delito de rebelión.
Se trató de
una decisión sin base. El hecho de convocar a la gente a expresar su opinión en
la calle no puede ser considerado un delito, al contrario, es un derecho
inalienable, el de libertad de expresión y reunión. Ni tan siquiera se registró
violencia, no hubo motivos para encarcelarlos.
Los Jordi,
además, eran simples activistas, sin poder institucional oficial. Se trata de
una verdadera barbaridad que cumple un
año. Un año al que una jueza, un juez, el tribunal supremo y sus consentidores
han separado a una persona de su familia, de su ambiente, de sus amigos, de su
gente.
Amnistía
Internacional expresa su disconformidad con la permanencia de los Jordi en la
cárcel. Afirman que en caso –hasta ahora ni esto está demostrado— de que se
demostrase que convocaron a la gente para impedir una operación policial
lícita, podrían ser acusados por un delito de desórdenes públicos, nunca por
rebelión. Y el hecho de mantenerles en prisión provisional acentúa todavía más
esta injusticia.
La mayoría
de los juristas –no así algunos de influencias peperas, como los del Tribunal
Supremo— no entienden que se mantenga esta prisión, cuando los delitos o no han
existido o son de carácter leve. El exceso es fruto de una catalanofobia, que
responde a razones viscerales y no judiciales.
Siendo
grave el caso de tener encarcelados a los políticos catalanes, el caso de los
Jordi lo es más, puesto que son activistas, miembros de la sociedad civil y
entre sus derechos está el organizar y promover reuniones pacíficas a favor o
en contra de decisiones políticas. Se trata, por tanto, de una decisión
judicial que sólo puede entenderse por un revanchismo político lamentable y que
dificulta el diálogo, única solución posible al problema.
Para más
inri, se ha pedido la excarcelación de los Jordi en más de una ocasión, con un
resultado negativo, a pesar de que ellos han afirmado que nunca trataron de
impedir la acción de la justicia y, posteriormente, con el fin de salir de
prisión, renunciaron a la Declaración Unilateral de Independencia y
reconocieron que el referéndum celebrado no fue válido.
Un exceso
más que hace difícil la solución del conflicto. Este caso clama al cielo y no es
propio de un Estado como el nuestro. Que no digan luego que no hay presos
políticos. Estos, siendo activistas, lo son.
¡¡Libertad
para los Jordi!!
Salud y
República
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