Reclusos sustituyen a trabajadores despedidos por ERE’s

¡Viva la reforma laboral! Una maravilla. Cada día demuestra que gracias a ella hoy, los españoles trabajan más y mejor. Ha creado puestos de trabajo a espuertas y en unas condiciones muy mejoradas. Hoy tiene trabajo todo el que quiere y el país va sobre ruedas.

O sea, que vamos de cine. Pero de cine negro, más negro que las tinieblas, con criminales y todo. Porque esta espléndida reforma laboral ejecutada por el gobierno Rajoy, bajo la supervisión de la ínclita e inteligente ministra Báñez, iluminada por la Virgen del Rocío, nos ha traído hasta aquí, y lo que te rondaré morena.

Ahora resulta que algunas empresas, gracias a uno o más ERES, despiden a parte de su plantilla y más tarde –sin mala intención, sólo pensando en su propio beneficio— contratan con Instituciones Penitenciarias para que sean algunos presos los que les hagan el trabajo de los empleados despedidos.

Como se puede suponer, estos contratos conllevan sueldos míseros para los presos –unos 300 euros— y un ahorro en otros costes laborales, como la energía y las comunicaciones, además de una parte de la Seguridad Social, que naturalmente entran en los presupuestos de las distintas cárceles, o sea: dinero público.

Las empresas vuelven a tener beneficio a costa de esta medida y los trabajadores se encuentran en la puñetera calle gracias a esta maravillosa iniciativa. Total, una nueva forma capitalista para obtener beneficios fácilmente con la colaboración del Estado, ya saben ustedes, ese enemigo acérrimo del neoliberalismo.

Y todo con la ayuda de un gobierno que dice que lucha contra el paro y que ante tamañas barbaridades calla y otorga.

Creo, a pies juntillas, en la reinserción social y me parece bien que los reclusos trabajen dentro de la prisión. Sin duda es bueno y ayuda económica y --sobre todo-- emocionalmente. Lo que no parece justo, ni una pizca, es que sea a costa de sustitución de trabajadores y que estos se vean en la calle para que las empresas obtengan mayores beneficios.

Si este gobierno fuera sensible, algo en lo que ya ha demostrado su absoluta carencia, controlaría que esto no ocurriera, no habría facilitado la ejecución de ERES, y elaboraría una ley por la que empresas que los hubieran ejecutado no pudieran, de ninguna manera, sortear las leyes y obtener acuerdos con Instituciones Penitenciarias para sustituir mano de obra por otra más barata, porque se trata de una competencia ilegítima que debería ser ilegal, aunque pedir esto a un gobierno como el pepero es como pedir peras al olmo.

Si esto se generalizara podría dar lugar a que las empresas optasen por desplazar sus puntos de fabricación a las cárceles y dejar a sus trabajadores en el paro. Claro que viendo quienes están entrando –y los que van a entrar en breve-- en presidio por corrupción, lo mismo se trata de que los suyos no se queden sin trabajo.

Salud y República