El juez Castro puede perder el caso Urdangarín

Al principio parecía que iban al unísono. Tanto Castro como Horrach, juez y fiscal del caso Urdangarín sintonizaban en las decisiones que tomaban. Pero llegó el caso a la Infanta y su imputación fue un motivo de discrepancia. El fiscal recibió órdenes claras y no paró hasta desimputar a la infanta Cristina, contra el criterio de Castro.

Ahí empezó a verse el poder del gobierno, el poder de la fiscalía. El fiscal general Torres-Dulce, como se sabe nombrado por el gobierno, empezó a actuar al mandato del ministro Gallardón, al que la imputación de la Infanta le pareció un exceso.

Y ahora se ha vuelto a ver la discrepancia entre juez y fiscal. La próxima imputación de Camps y Barberá, como se sabe aforados, puede ser el motivo por el que el juez Castro tenga que inhibirse del caso y pasarlo todo al Tribunal Superior de Valencia.

El hecho de que se impute a dos aforados puede llevar a que este caso, después de tres años, a petición del fiscal, tenga que llevarlo el Tribunal Superior de Valencia. Lo que equivale a empezar de nuevo. Hablamos de 160.000 folios de instrucción que el nuevo juez tiene que leerse y dominar, lo que puede hacer que el retraso en el caso se haga eterno.

¿Está calculado este paso para hacer que el caso Urdangarín se retrase y cambie a otro juez, probablemente, más accesible? Yo creo que sí. Horrach al pedir ese traslado está siguiendo órdenes de arriba, pues quieren que este caso termine lo menos mal posible, ya que tiene a la familia real –Infanta Cristina y ahora al Rey con el préstamo que hizo a su hija— en el filo de la navaja. Algo que este gobierno no puede consentir.

Es curioso que el juez Castro y el fiscal Horrach mantenían, hasta hace unos días, el mismo criterio y pensaban que el caso se podía seguir llevando en su juzgado de Palma, pasando una pieza separada, con la imputación de los aforados valencianos, al Superior de Valencia. Sin embargo, el fiscal ha cambiado de opinión –probablemente una llamada al orden, al igual que cuando la imputación de la Infanta—, y ahora defiende la necesidad de que todo el caso Nóos pase a Valencia.

Imaginemos lo que puede ocurrir. Es algo así como empezar de nuevo, aunque se lleven tres años de instrucción. Cualquier juez al que le caiga la causa necesita, tiempo, mucho tiempo, para ponerse al día, en un proceso que domina de memoria el juez Castro.

En fin, otro cambalache más. Algo que nos insiste, por desgracia, en recordarnos que la Justicia no es igual para todos, y los fiscales son fieles siervos del gobierno de turno.

Salud y República