Después de
que el juez instructor se negara en tres ocasiones a imputar a los dirigentes
del Banco de España, la Audiencia Nacional ha decidido citar como investigados
a varios de sus directivos, entre ellos a Fernández Ordóñez, el que fue
Gobernador del Banco de España, y al presidente de la CMNV, Julio Segura, por
la salida a bolsa de Bankia.
Era lo
normal, habrá que preguntarse por qué el juez instructor no lo hizo antes,
puesto que las pruebas son claras y contundentes para que fueran llamados a
declarar. Existen varios correos electrónicos de la inspección del Banco de
España, donde se afirma que la salida a bolsa de la entidad bancaria es un
craso error que puede suponer su rescate por un valor de unos 15.000 millones
de euros.
¿Y qué hizo
Miguel Ángel Fernández Ordóñez o Julio Segura? No tomar acción ante la alarma
de sus propios inspectores y permitir esa salida que protagonizó Rato y que
provocó el hundimiento de la empresa. Al no actuar como supervisores de la
situación de Bankia, que era su labor, permitieron que el agujero financiero de
la entidad fuera mucho mayor.
Se trata de
otra ocasión en la que las instituciones, en este caso el Banco de España y la
CMNV, están al servicio el poder político, del gobierno. Está claro que la
independencia de las instituciones es imposible cuando quienes están al frente
deben su cumplimiento a un gobierno que los nombra.
MAFO actuó
a favor del gobierno del PSOE, que fue quién le nombró, y provocó que esa huida
hacia delante terminara destruyendo la entidad y provocando un rescate público
que se podría haber evitado, en gran parte.
Según la
inspección del Banco de España, en emails enviados unos días antes de la salida
a bolsa, se ponía en cuestión la operación y se advertía de unas consecuencias
muy negativas, a las que Fernández Ordóñez y Julio Segura no hicieron ni caso.
Entre otras cuestiones en los anunciados correos se decía: “existen indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalita en
esta conducta”. Y ponía cifra al descalabro, hablando de que la pérdida
sería de unos 15.000 millones de euros.
Se trató de
una cooperación necesaria indecente. Y en vez de prohibir esa salida a bolsa, la
autorizaron, a sabiendas de que sus inspectores estaban en contra y de que se
alimentaba una huida hacia delante que el gobierno del PSOE les había ordenado,
olvidando sus competencia y su obligación para con la gestión pública.
Otra más de
un bipartidismo que ha asolado este país y que ha trabajado para las élites, en
vez de para los ciudadanos. Tanto el PSOE, que fue quien nombró a MAFO, como el
PP, que pretende no cargar a Rato con más corrupción, se han negado en varias
ocasiones a crear una comisión de investigación en el Congrego –que Izquierda
Unida y UPyD solicitaron-- sobre la gestión de las cajas de ahorro que tanto
dinero –61.000 millones— nos ha costado a todos los españoles.
Ahora,
vista la situación a la que han llegado con la imputación del exgobernador del
Banco de España, el PSOE parece que va a aceptar esta investigación. Veremos,
con estupor, como el Partido Socialista echará las culpas a Rato y los peperos
tratarán de culpabilizar al gobierno Zapatero y a MAFO, y si no al tiempo.
Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Escarceos que no llegarán a ninguna
parte y que pagaremos todos. Eso sí, sin apenas coste electoral, para ellos.
Hay que acabar con ese bipartidismo, porque su continuo daño ha empobrecido a
este país y le ha llenado de corrupción.
Salud y
República
