¿Cómo acabará la Sanidad Pública madrileña?

Que la Sanidad Pública está empezando a hacer aguas es un hecho. Los recortes han provocado un aumento de las listas de espera de un 50%, llegando, según las especialidades, a plazos inaceptables. Y no sólo en las intervenciones quirúrgicas, también en las citas de los especialistas. Si a esto sumamos el incremento que se paga por los medicamentos, las medicinas que han sacado del catálogo público y la grave exclusión de los inmigrantes sin papeles del servicio de Salud Pública, podemos decir que, en menos de dos años, la Sanidad Pública ha quedado gravemente quebrantada.

Y a esto hay que sumar el interés inconfesable del gobierno de la C.A.M. de dejar en manos de sus amiguetes, las empresas privadas sanitarias, seis hospitales de la Comunidad.

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado, hace tres días, cautelarmente este proceso de privatización, gracias a la denuncia impuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Y no es la primera vez que se para. Los tribunales dan la razón a la AFEM y afirman que de no detener el proceso se podrían provocar daños irreversibles.

Mientras tanto, erre que erre, Lasquetty trata de continuar con el proceso y ya ha recurrido esta decisión del TSJM. Este adalid de las empresas privadas al que aventuramos que terminará dirigiendo una de ellas –así ha ocurrido con dos anteriores consejeros de sanidad: Güemes y Lamela, quienes están inmersos en una causa por privatizar hospitales y luego pasar a dirigir las empresas a los que se han adjudicado—, no se da por vencido. Es más, estando el proceso paralizado, consintió que las empresas adjudicatarias tuvieran reuniones con los responsables de los hospitales afectados para irse acomodando a sus futuras responsabilidades.

El TSJM en su auto señala, de forma clara varias cuestiones. Una, que el daño que se puede hacer, de continuar el proceso, es irreversible. Otra, que no está demostrado, en ningún documento, los 160 millones de euros que, según la CAM, estas empresas ahorrarían a la Administración. Y, además de otras cuestiones, también habla de que las condiciones para los trabajadores variarán de forma considerable y de que en las condiciones del pliego de adjudicación se cambiaron, a favor de las empresas.

En fin, un varapalo en toda regla que Lasquetty y González no quieren aceptar. De hecho ya han presentado alegaciones para salvar este dictamen del TSJM.

La marea blanca está consiguiendo sus objetivos, pero aunque se haya ganado una batalla, queda mucho para ganar la guerra. Las manifestaciones han de seguir y sobre todo hay que tratar de ganar tiempo, porque se pueden dar dos opciones. Si el recurso que han presentado no prospera, se iniciaría un proceso judicial que podría durar dos años (las elecciones autonómicas se celebrarán en 20 meses). Y si el recurso prosperase habría que interponer más obstáculos judiciales, de tal forma que pudiéramos llegar a Mayo de 2015 (fecha de las elecciones) sin que estuviera resuelto el tema y sin que esté ya privatizada la gestión de los hospitales. Y ahí entraría de lleno la política.

En Madrid, salvo que el PP volviera a ganar con mayoría absoluta –cosa bastante improbable, visto su bajada y la desafección de su electorado—, la privatización estaría resuelta, puesto que todos los grupos, salvo el PP, de la Asamblea de Madrid se han manifestado en contra de esta medida, con lo que, es de suponer que esta iniciativa sería desestimada.

Hay que ganar tiempo, exactamente, los meses –20— que nos separan de las próximas elecciones autonómicas. Hay que llegar a mayo de 2015 sin que haya una decisión definitiva en favor de la gestión privada de estos hospitales. Esa es la forma de ganar esta causa. Porque el PP, mientras pueda, no renunciará a dejar a sus amiguetes –las empresas sanitarias— en la estacada.

LUCHEMOS POR DEFENDER NUESTRA SANIDAD PÚBLICA

Salud y República