Los municipios: los hermanos pobres del Estado

Ayer se ha dado un respiro a muchos ayuntamientos. Aquellos que no han llegado al 75% de endeudamiento sobre sus ingresos corrientes. Se ha cambiado la norma y podrán seguir endeudándose hasta esa cantidad como máximo.

Entre los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, los de Madrid, Valencia, Zaragoza y Málaga no podrán seguir endeudándose. Mientras que Barcelona y Sevilla  están por debajo de ese porcentaje.

Lo de Madrid es de escándalo. A pesar de tener los impuestos por habitante más altos, mantiene una deuda de casi el 150%, o sea el doble de lo permitido, sobre los ingresos corrientes. El Faraón Gallardón con sus macro-obras ha puesto a Madrid a la cabeza de los municipios más endeudados de Europa. Con una deuda que ha hipotecado a la capital por muchos años, superior a la deuda de todas las diputaciones, consejos y cabildos insulares juntos. Una deuda que representa el 24% del total de los 8000 municipios españoles.

Rita Barberá tampoco se queda atrás. Con la mitad de habitantes que Barcelona (0,8 millones por 1,6) la deuda de Valencia está por encima (834 millones de euros por 792). Curioso ver como las dos primeras ciudades endeudadas en el ranking nacional están dirigidas por peperos, cuyo última letanía, repetida constantemente por el “sumo pontífice” Rajoy es que hay que ser austeros. Naturalmente la austeridad se la están demostrando sus queridos alcaldes de Madrid y Valencia, como se puede apreciar.

Independientemente de estos extremos censurables, sin duda, es reconocido que los ayuntamientos siendo los entes más próximos a los ciudadanos, son los hermanos pobres del Estado. La deuda de todas las corporaciones locales es de unos 36.000 millones lo que representa menos del 4% de toda la deuda pública. Lo que quiere decir que el Estado Central, las autonomías, las diputaciones y demás entes suman el 96% de las deudas y sin embargo es a los ayuntamientos a los que, a pesar de tener que dar servicios por encima de sus competencias a los vecinos, se les limita su capacidad de endeudamiento.

Está bien poner topes, pero para ello primero sería conveniente hacer una ley justa de financiación de las Haciendas Locales, de tal forma que los ayuntamientos no fueran los mendigos de la democracia, mientras que las diputaciones por ejemplo, disponen de unos medios importantes, cuando sus competencias son mínimas. Que se lo digan a Fabra en Castellón y a Ripoll en Alicante, por ejemplo, ambos imputados por supuesto uso indebido de fondos públicos. O a la Comunidad de Madrid que teniendo medios suficientes no termina de aplicar la Ley de Dependencia (miren ustedes en qué se gastan los dineros públicos en la CAM).

Los Ayuntamientos tienen que afrontar gastos por competencias ajenas, para poder cubrir servicios que se han de dar a los vecinos, aunque no sean de su competencia. Por ejemplo, en Rivas-Vaciamadrid los colegios, desde hace tiempo, y ahora el tercer Centro de Salud se están financiando con dinero municipal que luego se recupera de la Comunidad, para evitar que falten plazas escolares o servicios sanitarios necesarios, aunque las competencias de Sanidad y de Enseñanza sean meramente autonómicas.

En fin, de acuerdo en controlar todos los dineros públicos, pero primero ha de hacerse un reparto equilibrado, lo que queda lejos de ley 51/2002, que ha de reformarse. Lo demás no son sino medidas injustas y de cara a la galería.

Salud y República