La monarquía borbónica sigue
siendo dueña y señora de la Jefatura del Estado, a pesar de que los
reyes de este país, por lo menos hasta Juan Carlos I, han demostrado
lo mucho que esta institución ha servido a sus intereses. Sus
históricos abusos de poder y sus ‘beneficios extraordinarios’
llenan nuestra historia de inmundicia y de injusticias.
La
monarquía, institución antidemocrática y anacrónica, debería
basar su prestigio y su existencia en la práctica ética del poder.
Lo que invalida a este rey emérito, que empezó siendo nombrado por
un dictador genocida, y que ha sido capaz de hacerse millonario de
forma delictiva, de rodearse de amantes para humillación de su
esposa, y de matar elefantes y presumir de esas infames cacerías,
entre otras menudencias.
Pues
bien, le han vuelto a pillar en otra gorda, y van… Y es que ahora
entendemos muy bien aquello de sentirse hermanado con el rey de
Arabia Saudita. Es lo que tiene conseguir millones en concepto de
comisiones. Nada menos que 100 millones de dólares por sus gestiones
en la contratación del AVE por el país árabe.
Pero
claro, como la Constitución otorga inviolabilidad al Jefe del Estado
y el delito lo cometió cuando era rey, no se le puede juzgar, a
pesar de tener pruebas de que esto ha ocurrido. Lo único que se está
haciendo --gracias al empuje de la Justicia suiza también se
investiga en España-- es investigar el blanqueo del dinero y el
delito fiscal que se puede haber producido desde que abdicó como
Jefe de Estado.
Una
clara demostración de que ‘la Justicia es igual para todos’,
mantra que han repetido, desde la Casa Real, la derecha política y
social, los medios afines y la izquierda descafeinada –el PSOE, que
se atreve a denominarse partido republicano--, a sabiendas de que no
es cierto. Véase la sentencia del caso NOOS, donde la infanta salió
entre vítores y su marido cargo con penas mínimas.
Pues
bien, el rey Felipe ha querido reaccionar ante la ignominia paterna
pero lo ha hecho de forma débil, sin consistencia. Con acciones
cobardes que pretenden más actuar como escaparate sin atacar el
fondo de la cuestión. Demostrando, una vez más, que este rey que
tanto daño hizo a la democracia con el discurso del 3 de octubre de
2017, no está a la altura de su cargo.
Renunciar
a la herencia sólo es posible cuando se haga efectivo el testamento,
una vez haya fallecido su padre. Hacerlo antes no tiene ningún valor
jurídico.
A
lo que tiene que renunciar Felipe VI es a la inviolabilidad, si de
verdad quiere que la justicia sea igual para todos, como su padre
(aunque ya hemos visto lo igual que es) y él mismo han repetido en
diversas ocasiones. Y así demostrar que el que la hace la paga, sea
quien sea.
El
hecho de castigar a su padre quitándole la parte que le asigna del
presupuesto de la Casa Real (195.000 euros anuales) sólo podría ser
válido si esa cantidad volviera al Estado, reduciéndola del
presupuesto global. Si no, lo que ocurre es que Felipe VI cuenta con
esa cantidad de más, para distribuirla como quiera.
El
emérito debería empezar por devolver los 100 millones de dólares
de su comisión por el AVE en Arabia Saudita, cerrar sus cuentas en
paraísos fiscales y marcharse fuera de este país, al que
presuntamente ha robado de forma indigna. Ya está bien de
adjudicarle méritos en la transición. Juan Carlos hizo lo único
que podía hacer, cambiarse de bando y pasar del franquismo a la
democracia consentida, de forma obligada, puesto que era la forma de
conseguir la poltrona de la Jefatura del Estado y de no enfrentarse
con los tiempos que corrían, donde España era una de las pocas
excepciones donde no había democracia en Europa.
Pero
claro, aquí sigue el emérito aguantando mecha y riéndose de todos
los españoles, a los que no rinde cuenta y a los que ha vacilado y
robado, presuntamente. Un rey modelo al que la derecha apoya sin
reparo y el PSOE defiende de forma vergonzosa, negándose a que se le
investigue en el Parlamento y pasando página, poniéndose de perfil.
La
única solución es la que queremos muchos. La sustitución de esta
monarquía corrupta por la tercera república. Por cierto, el Sr.
Tejanos debería, de una vez por todas, incluir preguntas sobre la
aceptación de la monarquía en las investigaciones del CIS, y así
utilizar medios públicos para saber qué es lo que prefieren los
españoles. No hacerlo es una forma más de defender una institución
con beneficios impropios en un Estado democrático y apoyar la falta
de transparencia de una institución opaca.
Salud
y República
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