Lecciones de Justicia Universal desde Argentina

Hoy, apartado el juez Garzón de la Audiencia Nacional por promover justicia ante los asesinatos franquistas, la necesidad de justicia ante los crímenes franquistas vienen de Argentina. La jueza Maria Servini de Cubría es quien está encargada, ante denuncias de posibles delitos franquistas, de hacer justicia y reclamar en aras de la Justicia Universal algo que no sucede en España. Con la excusa de la amnistía del 77, durante estos últimos años y hoy mismo, los franquistas acusados de atrocidades campan por sus lares sin que la Justicia española se atreva a encausarles, aún a sabiendas de que el genocidio o los crímenes de lesa humanidad no tienen prescripción posible y no pueden ser borrados por una amnistía.

A diferencia de España, donde ya se encargó el exministro Gallardón y el gobierno Rajoy de acabar por ley con la Justicia Universal --para demostrar que contra ella sólo cabe la Cobardía Universal, con el fin de no enfrentarse a otras naciones, como China o USA—, Argentina está demostrando que, después de los duros episodios históricos vividos, se ha tomado en serio el compromiso universal de la defensa de los derechos humanos.

Una obediencia ciega más allá de nuestras fronteras, también en lo económico, ha sido uno de los más importantes y graves errores cometidos por este gobierno, que ha antepuesto los deseos de otros países a los compromisos con sus conciudadanos, dejándonos al albedrío de países como Alemania en cuestiones económicas, o de China, Israel o USA en relación a la protección de los derechos humanos.

Ayer se recibió un requerimiento de la magistrada argentina para detener y extraditar a 20 personas por presuntos crímenes franquistas, entre los que se encuentran ocho exministros franquistas, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.

Resaltable el hecho de que ocho de ellos fueran ministros en gobiernos franquistas, entre los que destacan Utrera Molina y Martín Villa. Y los casos por los que se les trata de detener son el asesinato de Puig Antich, por garrote vil, en 1974, el fusilamiento de cinco antifranquistas en septiembre de 1975 y los crímenes cometidos en Vitoria el 3 de marzo de 1976, ya muerto el dictador.

Tres hechos criminales de primera magnitud. El asesinato del anarquista Puig Antich fue una venganza por el crimen del presidente Carrero Blanco unos meses antes. Los últimos crímenes del franquismo, cincuenta días antes de morir el caudillo asesino, fue un acto de fuerza ante la inminencia de la debilidad física del dictador, enfermo de muerte de forma irreversible.

Y qué decir de los sucesos de Vitoria, cien días después de la muerte del dictador, donde unos trescientos trabajadores en huelga se encerraron en una iglesia para celebrar una asamblea y fueron, en contra de la legalidad, gaseados para que salieran del templo y en la puerta disparados, produciéndose cinco muertos y más de cien heridos. Una vergüenza que solo es entendible desde la crueldad de un régimen descabezado que pretendía demostrar su falsa fortaleza a cualquier precio para evitar que se viera su debilidad y su cobardía. Martín Villa era ministro y sustituía a Fraga que se encontraba de viaje en Londres, en sus competencias de jefe de las fuerzas de orden público.

Todos los reclamados por la justicia argentina son personajes relevantes del franquismo español. El caso de Utrera Molina, suegro del exministro Ruiz Gallardón, es el caso de un redomado franquista siempre dispuesto a mantener su totalitarismo falangista. La crítica que hizo a la ley de la Memoria Histórica de “vandálica invasión” y frases que pronunció en 2010 como: "Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España" es un signo de su aversión a la democracia y de su apego al régimen franquista, donde se corresponsabilizó con su firma del decreto de pena de muerte de Puig Antich.

Es difícil que estos acusados de crímenes franquistas sean extraditados y juzgados. El gobierno español obstaculizará, una vez más, la acción de la Justicia Universal. Sin embargo, es ya un primer paso de reconocimiento de que personajes que se han creído impunes puedan, hoy, ser señalados con el dedo por actos de terrorismo de Estado, aunque la acusación venga de Argentina.

Es vergonzoso que esta país haya cerrado en falso las heridas del franquismo, cuyas víctimas están desamparadas –algo que no ocurre con otras víctimas de terrorismo, como debe ser—, y que tengan que venir desde otros países a tratar de hacer los deberes que aquí se tapan y se extorsionan. ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, jueza Servini!

Este gobierno es incapaz de juzgar los crímenes políticos cometidos en nuestro país, entre otras cosas porque son herederos de ese régimen asesino. Y no son capaces de entender que somos muchos los que no cesaremos hasta que en este país se cierren las heridas. Se haga justicia. Y las víctimas de franquismo, al igual que las de cualquier otro terrorismo encuentren:

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Salud y República