El PP pretende acabar con las huelgas

Desde hace tiempo son muchas las voces cualificadas del PP que están por cargarse derechos fundamentales como el de manifestación o el de huelga. Les molestan las críticas, saben que lo que hacen no puede gustar a los ciudadanos, pero pretenden quitarles las armas que les da la Constitución, conculcando derechos fundamentales, con tal de evitar las críticas.

Contra los derechos de manifestación ya están elaborando una ley, llamada ley de Seguridad Ciudadana que no es sino una ley represiva que convierten en multas millonarias actos que hoy no son delito y que los jueces, a pesar de los peperos, no han condenado en aras de la libertad de expresión. Pero ya habrá otro momento para hablar de esta ley represiva y abusiva. Hoy quiero comentar una ley que parece que la Ministra de la Virgen del Rocío, llamada Fátima, ya está elaborando para tratar de hacer inoperativas las huelgas, la ley de servicios mínimos.

Con la excusa de defender servicios esenciales, estos peperos, incapaces de aceptar las huelgas, han decidido acometer una ley que muchos miembros del PP ya habían echado en falta.

La chispa ha surgido con la huelga de barrenderos y jardineros de Madrid. Y es que no han podido resistir tener que torcer el brazo y ver cómo los trabajadores han ganado la huelga. Una huelga que ha conseguido que se salven más de mil trescientos empleos con unas mínimas cesiones. Ellos siempre han estado, al lado de las empresas concesionarias, a los que nunca les han reprochado su actitud contra los trabajadores y sí que han estado atacando a los trabajadores acusándoles de vándalos y de no cumplir los servicios mínimos.

A ver si se enteran, Mrs. Bottle reaccionó tarde y mal y luego no quiso, como hizo con el caso Arena, aceptar ninguna responsabilidad, cuando está claro que el servicio es municipal y es el ayuntamiento quien cobra el importe a los ciudadanos. Pero claro la esposa de… tenía que tratar de salvar la cara por su mala gestión y trató por todos los medios de enfrentar a los huelguistas, primero con los ciudadanos, lo que le salió fatal porque nunca una huelga, a pesar de los inconvenientes y perjuicios que pudiera causar la falta del servicio, fue mejor comprendida y apoyada por los ciudadanos, y segundo porque nunca esperó que la huelga tuviera un final feliz para los currantes, algo que va contra sus principios y que crea unos precedentes para otros servicios municipales, también externalizados.

Bueno, pues eso ha encendido la mecha en el PP, que no quiere que algo así vuelva a suceder. Con la excusa de que no se cumplieron los servicios mínimos y que los piquetes fueron vandálicos está tratando de sacar esta ley que reprima más y que haga las huelgas inoperantes. Para ello, seguro que van a acometer dos acciones represoras, una la de que los servicios mínimos sean tan altos que la huelga apenas tenga efecto, y otra será considerar faltas muy graves las que pudieran cometer esos supuestos actos vandálicos, haciendo ineficaces los piquetes.

Conviene recordar que los servicios mínimos que ha dictado la Administración en algunas huelgas de los últimos tiempos, por ejemplo en la del Metro o en la de Renfe han sido tan abusivos que fueron denunciados por los sindicatos y los jueces les dieron la razón, aunque la sentencia llegó tarde, después de acabada la huelga, sin que esa decisión favorable a los trabajadores tuviera ninguna incidencia negativa en quién la había tomado.

Se trata, una vez más, de seguir con los recortes. En este caso no son económicos, sino contra la libertad, contra derechos fundamentales que consagra la Constitución que ellos tanto aman. Les da igual, son autoritarios, a pesar de que apenas se hayan producido incidentes en las huelgas, ellos los exageran o directamente los inventan para tratar de conseguir justificación de algo injustificable.

Y es que cómo ya he repetido desde Kabila, todo lo que está haciendo –más bien deshaciendo— el PP no son medidas sólo económicas para paliar la crisis, son medidas ideológicas que pretenden hacernos pasar de un Estado de Derecho a un Estado de obligaciones. Pretenden callarnos como sea, lo importante es el fin, aunque el medio sea mezquino y vaya contra derechos fundamentales.

Salud y República