Golpe de Estado en Paraguay

Lo llamen como lo llamen, aunque esté previsto este tipo de juicios a los presidentes en la Constitución paraguaya, lo ocurrido ha sido un Golpe de Estado. Así lo han reconocido prácticamente todos los países iberoamericanos. Desde Brasil a México, pasando por Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela o Perú.

Se ha acusado al presidente, Fernando Lugo, hoy ya expresidente por obra y gracia del Senado paraguayo, de connivencia con los grupos de campesinos que intentan recuperar sus tierras, adjudicadas por gobiernos anteriores a familias de terratenientes.

Se ha producido un golpe de Estado ilegítimo. Paraguay es un país donde ha gobernado desde hace décadas el partido colorado, un partido conservador con tendencias antidemocráticas y defensor de los privilegios de los poderosos: terratenientes, multinacionales, Iglesia católica, ejército y otras fuerzas del orden.

Los cuatro años que llevaba Lugo en la presidencia, se ha visto presionado por los grupos de poder de todo tipo. Empezando por su propio partido cuya pretensión no iba tan lejos como hacer una reforma agraria. Su único aliado ha sido el pueblo, que hoy ha salido a la calle a manifestarse y llorar por la ausencia de su presidente, el que ellos eligieron democráticamente.

Lugo se marcha forzado, después de un juicio al que le ha sometido el parlamento paraguayo en veinticuatro horas. Sin haber dejado tiempo para su defensa y donde se le ha acusado, después de un episodio de ocupación de tierras, por parte de los campesinos de una propiedad --injustamente adjudicada a una familia terrateniente—, en el que se produjeron diecisiete muertos, seis policías y once campesinos.

Hoy, Iberoamérica ha retrocedido. Cuando parecía que los tiempos de los golpes de Estado quedaban lejos, se ha vuelto a repetir la historia, la desgraciada historia. Más sofisticada si cabe y menos cruenta, desde el parlamento, pero con el mismo resultado, hacerse ir a quien defiende los intereses de los más necesitados. La excepción que ocurrió en Honduras con Manuel Zelaya, hace tres años, se ha vuelto a repetir.

Su sucesor –F. Franco se tenía que llamar— no será reconocido por los países de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) que además pretenden poner sanciones a Paraguay, hasta que vuelva a los cauces democráticos.

Fernando Lago ha aceptado la decisión del Senado, no ha querido montar una defensa en la calle que podría haber terminado en una situación cruenta. Sin embargo, de forma espontánea, se han organizado manifestaciones a su favor, de campesinos y de gente humilde, en Asunción, que protestan contra este golpe.

Lugo acabó con 61 años de gobierno del partido colorado –prácticamente una dicta-blanda—pero ha tenido un gran defecto --una característica que podría parecer una virtud--, su talante dialogante y democrático que le hizo llegar a tener también ministros del partido oponente. No pudo, debido a la fuerte oposición, hacer la reforma agraria que pretendía. Sin embargo, este ex-obispo consiguió poner en marcha un sistema de salud que llega a casi toda la población y entre otras medidas sociales, otorgó un subsidio a 20.000 familias que están en la extrema pobreza. Estas medidas siempre tuvieron la oposición de la derecha, una derecha ultramontana que no ha cesado hasta deshacerse de él.

Mientras tanto, es curioso observar cómo USA y España no condenan el golpe de Estado y se limitan a desear que se respete la institucionalidad democrática. O sea que dan su apoyo al nuevo gobierno. ¡Qué vergüenza!

Salud y República

P.D. Acabo de leer que España, Alemania y el Vaticano han reconocido al nuevo gobierno. Nuestro “querido gobierno” no ha podido ser más rápido. Otra ofensa más a Iberoamérica, donde la mayoría de países no lo quieren reconocer. Está claro que no les disgusta lo ocurrido.