Cuando el río suena, Taguas lleva

Mañana se discutirá en el Congreso una moción de IC que pone en tela de juicio la situación creada con la incorporación de David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa, a SEOPAN, la patronal de las Constructoras.

Y es que el caso tiene miga. Un asesor directo del Presidente del Gobierno, a los tres días de abandonar ese puesto, pasa a dirigir una patronal que maneja la friolera del 7% del PIB de este país, donde se encuentran empresas como Sacyr Vallehermoso, ACS, Acciona, Ferrovial, etc. O sea una persona que ha estado manejando datos económicos, éste era su trabajo, puede entrar a dirigir un lobby de esta entidad.

El gobierno, por boca de la ministra Espinosa, lo aprueba en base a que SEOPAN no es una empresa privada sino una asociación y por precedentes de gobiernos del PP. La verdad es que hay bastante que decir al respecto:

Primero: La Ley habla de incompatibilidad si se fuera a una empresa, sin embargo no dice nada si es a una asociación, como si ésta no tuviera como objetivo elaborar estudios y marcar directrices a las empresas que la constituyen.

Segundo: El informe de compatibilidad lo dictamina la Oficina de Conflictos de Interés, que está a cargo de la subdirección general del Ministerio de Administraciones Públicas, o sea el Gobierno es juez y parte.

Tercero: La ley que fue aprobada en 2006 está sin desarrollar. Sin las normas complementarias la ley es ambigua de tal manera que el dictamen se hace en gran parte de forma subjetiva (ya decía Romanones aquello de: hagan ustedes la ley y déjenme a mí los reglamentos).

Cuarto: Si lo que ha de servir para aprobar un informe es lo ocurrido en casos anteriores con el partido de la oposición, apaga y vámonos. O sea que si el PP ha hecho esto (independiente de si es o no ético) lo podemos hacer nosotros. Se descalifica por sí solo.

Según comenta El País el caso Taguas ha marcado divergencias en el Partido Socialista. Sobre todo los diputados Barrio de Penagos y De la Rocha que han planteado su desacuerdo con lo ocurrido. Según De la Rocha si el caso es legal hay que cambiar la ley y según Barrio de Penagos la base social del PSOE no lo entiende. Mientras tanto la vicepresidenta ha obviado el tema y en la comparecencia sobre el calendario legislativo ni tan siquiera ha mencionado dicha ley.

Y es que aún suponiendo que sea legal (difícil de asegurar cuando la ley no está desarrollada y por lo tanto se desconocen las normas complementarias que deben completarla) está claro que se está vulnerando el espíritu de la ley que es el de que no se pueda beneficiar ninguna entidad privada de la información que se maneja desde el gobierno. Y sin embargo se insiste en que es legal. Tenemos que repetir aquí aquello de: “la mujer del Cesar no sólo ha de ser decente sino que tiene que parecerlo”.

Por cierto, aprobando este hecho se está dando paso a que el Sr. Taguas que cobrará, según dicen, 300.000 euros anuales en SEOPAN, siga percibiendo, el pobrecillo, el 80% de su honorario como ex director de la Oficina Económica del Presidente, durante dieciocho meses, o sea más de 3500 euros mensuales por no haber aceptado cargos incompatibles por su anterior actividad pública. Dinero de nuestro bolsillo. ¡Toma castaña!

Lo procedente sería reconocer que no está bien, que el Sr. Taguas se ha aprovechado de su situación aneja al poder y que se va a reglamentar la ley de manera que no haya posibilidad de que vuelva a ocurrir, haciendo además que la Oficina de Conflictos de Interés no dependa del gobierno, sino del parlamento. Si no, se entiende que se está dando pábulo a pensar que se va a utilizar información privilegiada. Así de fácil. Lo que pasa es que cuesta tanto decir nos hemos equivocado que seguimos en el “mantenella y no enmendalla” antes de reconocer un error. Y así nos va. Luego se critica que haya dudas sobre la honestidad de quien comete tal error y de quien lo consiente y molestará que se diga: Cuando el río suena, Taguas lleva.

Salud y República